El criterio central es el interés del menor. Se analizan horarios laborales, logística, cuidado previo, participación en rutinas y la capacidad de cooperación entre progenitores. Nuestra labor es proponer un plan de parentalidad viable que sostenga la estabilidad del menor.

Además, trabajamos calendarios concretos, comunicaciones y vacaciones para evitar ambigüedades. Si no hay acuerdo, preparamos prueba (testifical, escolar, informes) y solicitamos medidas provisionales cuando resulte necesario para proteger la situación hasta la sentencia.

La pensión de alimentos se fija atendiendo a necesidades de los hijos y capacidad económica de cada progenitor. Detallamos gastos ordinarios y extraordinarios, y proponemos un reparto objetivo que reduzca fricciones.

La compensatoria protege el equilibrio tras la ruptura cuando existe un desequilibrio económico relevante. Valoramos la duración de la convivencia, dedicación a la familia, edad y opciones reales de reinserción laboral para formular una propuesta sólida o defenderla en sala.

Cuando hay una alteración sustancial y estable de las circunstancias: cambios de ingresos, nuevas necesidades de los menores, mudanzas, problemas de cumplimiento o variaciones de horarios que impactan el régimen. No basta con cambios puntuales; debe acreditarse.

Te ayudamos a preparar la prueba (documental, informes, testigos) y a diseñar una propuesta equilibrada que responda a la nueva realidad. Si procede, solicitamos medidas cautelares para evitar perjuicios mientras se tramita la modificación.

Lo adecuado es acudir a la ejecución de la resolución: reclamación de impagos, requerimientos Buscamos soluciones ágiles que restablezcan el cumplimiento y reduzcan el conflicto.

También revisamos el convenio por si conviene ajustarlo para evitar nuevos choques. Si el incumplimiento afecta a los menores, priorizamos medidas que protejan su rutina y estabilidad, con seguimiento para asegurar que se respeten las nuevas reglas.